Columna en La Voz del Interior del 12/07/2022.
El tratamiento de la Ley de Alquileres continúa en discusión. La reforma que empeoró la situación continúa vigente y el Poder Legislativo delibera nimiedades, sin llegar a resolver una de las preocupaciones más importantes para quienes no cuentan con vivienda propia, en un país en el que comprar una propiedad es imposible para la mayoría de la población.
La oposición propuso liberar los precios (aunque permite tomar algún índice oficial) y busca retornar a los contratos de dos años de validez, entre otros detalles relacionados con garantías y cobros de depósitos.
El oficialismo quiere mantener la base de la ley actual y sumarles incentivos fiscales a los propietarios que no tienen sus propiedades en alquiler porque están convencidos de que la normativa presente no les conviene (esto último contaría con el apoyo opositor).
Así todo, la Comisión de Presupuesto sigue dando vueltas y sin resolver el problema.
La principal discusión que debe darse en el marco de este debate, se refiere al índice utilizado para la actualización de los contratos. Necesitamos una ley equitativa y que no deje en inferioridad de condiciones ni a propietarios ni a inquilinos.
El problema es el ajuste. Si el aumento del alquiler es muy bajo, el propietario pierde frente a la inflación cuando se trata de un contrato a largo plazo (aunque deben tener claro que un bien inmueble es la inversión que requiere la menor cantidad de esfuerzo, trabajo y energía, como para especular tanto).
Para resolver esto, el incremento debería ser mensual y representar el 50% de la inflación. Por ejemplo: si la inflación es del 5%, el aumento mensual del alquiler será del 2,5%, más bajo y previsible. No se aumenta el 100% de la inflación y se trata de un incremento exponencial para el dueño de la propiedad, que le permitirá pelear a la inflación.
En este sentido, en caso de recurrir a tres meses impagos por parte del inquilino, se permite el desalojo sin más miramientos, sin vueltas. Esto debe quedar bien explícito en la ley, sin dejar dudas.
En cuanto al plazo de duración del contrato, debe convenirse entre las partes, ya que hay inquilinos que le van a invertir dinero a una propiedad (van a pintar, comprar muebles a medida, etcétera), y proyectan utilizar la propiedad por más tiempo. Allí el dueño podría flexibilizar y extender el plazo sin inconvenientes ni necesidad de que sean sólo uno, dos o tres años.
Sobre las garantías y algunos inconvenientes que suelen aparecer (inmobiliarias que sólo aceptan garantías del mismo distrito, no aceptar propiedades a nombre del inquilino, el costo que tiene contratar una garantía bancaria o privada, etcétera), deberían existir garantías municipales o provinciales para ayudar a los inquilinos y podrían instaurarse a través de los bancos provinciales, Banco Nación o de los municipios respectivos, sin costo comercial ni gastos de otro tipo, ya que corresponde al Estado estar presente cuando los ciudadanos lo necesitan.
Por último, sería importante fijar como requisito contractual un encuentro entre propietario e inquilino (que no siempre se da, por la intervención de las inmobiliarias), en el que ambas partes se comprometan a seguir buenas prácticas de convivencia y de buena fe. El contacto humano hace la diferencia al momento de cerrar un trato con un apretón de manos, más allá de los temas legales y contractuales.
Nuestros legisladores deben abandonar las peleas internas, dejar de mirarse el ombligo y resolver cuestiones como esta, que representa uno de los problemas que deben resolver y para lo que fueron elegidos por la gente.